"Software" libre para el Estado costarricense

Proyecto de ley propone que el Estado utilice ‘software’ libre

Software propietario se usaría solo en casos justificados

Disminuiría la dependencia de tecnología y se ahorrarían millones

Pablo Fonseca Q. | pfonseca@nacion.com

El diputado Alberto Salom revivió, mediante un proyecto de ley que ya se encuentra en estudio, la idea de que el Estado costarricense utilicesoftware libre siempre que le sea posible.

De manera general, elsoftware libre es aquel que se puede usar, copiar, mejorar y redistribuir sin limitaciones. Su contraparte es elsoftware propietario, que no permite estas libertades.

Mientras el sistema operativo Ubuntu y el paquete OpenOffice se inscriben dentro del primer grupo, el Windows y el Office de Microsoft son parte del segundo.

Primero, libre. El proyecto de ley 16.912 dice textualmente: “Todas las instituciones y empresas del Estado emplearán software libre en sus diferentes opciones, en sus sistemas de información y en el manejo de los datos, garantizando el respeto a los derechos de la propiedad intelectual”.

El texto agrega que elsoftware propietario solo se utilizaría como una excepción por motivos de seguridad o incompatibilidad.

Este proyecto llega más allá del presentado en la pasada administración por la entonces diputada Laura Chinchilla (actual vicepresidenta y ministra de Justicia), que hablaba de “preferir” elsoftware libre sobre el propietario.

En lo demás, el proyecto de Salom es muy similar al de Chinchilla, archivado bajo el expediente 15.191.

La propuesta de Chinchilla generó el rechazo de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic).

Según consta en actas legislativas, se señaló que esa iniciativa iba en contra de los principios de igualdad de participación en términos de contratación administrativa. Además, se argumentó que la iniciativa atentaba contra el libre comercio y la neutralidad tecnológica que debía promover el Estado.

Tras el archivo del proyecto de Chinchilla, la propuesta fue retomada por Alberto Salom. En su exposición de motivos se señala que el Estado no debería depender tecnológicamente de un solo proveedor.

Además, se indica que se ahorrarían millones por el no pago de licencias que sí se pagan ahora por software propietario.

Según cálculos de Chinchilla, entre el 2003 y el 2004 el Gobierno gastó ¢5.000 millones en licencias para poder operar programas informáticos propietarios.

A solicitud de Salom, el Instituto Nacional de Seguros informó de que solo en el 2007 presupuestó más de ¢650 millones para licencias desoftware. En el caso del Instituto Nacional de Aprendizaje, ese monto es de ¢142 millones.

Los opositores señalan que hay otros costos que van más allá del valor de la licencia que hacen que elsoftware libre no sea tan barato como parece.

Este proyecto fue apoyado en su presentación por la diputada Andrea Morales y se encuentra en estudio en la Comisión Especial de Ciencia y Tecnología.

Tomado del diario La Nación, jueves 19 de junio del 2008